Revocan sobreseimientos y ordenan llevar a juicio a 42 acusados por lavado ligado al narcotráfico

La Cámara Federal de Casación Penal revirtió una decisión clave en una de las investigaciones más relevantes por criminalidad económica en Mar del Plata y ordenó que 42 personas acusadas de integrar un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico sean sometidas a juicio oral.

El fallo dejó sin efecto los sobreseimientos que habían beneficiado a los imputados en instancias anteriores y dio la razón al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado el cierre prematuro del expediente resuelto en mayo de 2025 por el ahora desplazado Martín Poderti. De este modo, la causa recobra impulso y avanza hacia una etapa de debate público donde se analizarán en profundidad las pruebas reunidas durante la investigación.

En un fallo unipersonal, Poderti había dictado el sobreseimiento de familiares y allegados de dos hombres que fueron condenados por causas de narcotráfico y cuyo círculo cercano era investigado por lavado de activos. Juan Manuel Mariscal fue condenado a 7 años de prisión por transportar 165 kilos de cocaína, mientras que mientras que Hugo “Coco” Esteban fue considerado responsable de haber intentado trasladar casi 3 toneladas de marihuana desde Misiones a Mar del Plata, conocido como el caso Marea Verde, y le fijó una de 13 años de prisión.

Según se desprende de la resolución, el eje del planteo fiscal apuntó a que los hechos no podían ser evaluados de manera fragmentada ni descontextualizada. Para los acusadores, existían indicios de que las maniobras investigadas formaban parte de una estructura organizada destinada a canalizar dinero de origen ilícito hacia el circuito legal. Ese criterio fue respaldado por la Cámara de Casación, a cargo de Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que entendieron que corresponde que esa hipótesis sea discutida en juicio.

La investigación se centra en un presunto entramado que habría operado durante varios años, combinando actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes con mecanismos de blanqueo de capitales. Entre los elementos bajo análisis aparecen operaciones comerciales, movimientos financieros y adquisición de bienes que, según la acusación, habrían servido para dar apariencia lícita a fondos provenientes de la venta de drogas.

En ese marco, la causa también incluye episodios relacionados con el traslado de cargamentos de marihuana desde el norte del país hacia la ciudad de Mar del Plata, lo que configura el delito precedente necesario para sostener la imputación por lavado de activos. La conexión entre ambas actividades —narcotráfico y posterior inserción del dinero en la economía formal— es uno de los puntos centrales que deberá dilucidarse en el juicio.

El sobreseimiento dictado en instancias anteriores había significado, en los hechos, el cierre del proceso sin que se produjera un debate oral. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que esa decisión había sido adoptada sin agotar el análisis de la prueba y sin contemplar la complejidad del caso. La Cámara de Casación coincidió con ese planteo y consideró que existen elementos suficientes para que la cuestión sea tratada en un tribunal oral.

El fallo también deja planteado un criterio relevante en materia de investigación de delitos económicos complejos: la necesidad de abordar los hechos desde una perspectiva integral, especialmente cuando se trata de presuntas organizaciones criminales. En esa línea, los jueces remarcaron que la valoración conjunta de las evidencias resulta clave para determinar si existió un circuito coordinado de lavado de activos.

Con esta decisión, el expediente será remitido al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que tendrá a su cargo la realización del juicio. Se trata de un proceso que se anticipa extenso, no solo por la cantidad de imputados sino también por el volumen de prueba y la diversidad de operaciones bajo análisis.

La instancia oral permitirá, por primera vez, exponer de manera pública los detalles de una investigación que combina dos fenómenos de fuerte impacto: el narcotráfico y la criminalidad económica. Allí se pondrá a prueba la hipótesis de la acusación y se definirá la responsabilidad —o no— de las 42 personas que ahora volverán a estar bajo la lupa de la Justicia.