Revés para la Argentina: EE.UU. confirmó una condena de USD 390 millones por Aerolíneas

La Justicia de Estados Unidos confirmó la condena contra la Argentina por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, al rechazar la apelación presentada por el Estado nacional y mantener firme la obligación de pagar más de USD 390,9 millones al fondo Titan Consortium. La resolución fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia y representa un nuevo revés judicial para el país.

El litigio tiene su origen en la expropiación de ambas compañías realizada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tras esa decisión, el entonces propietario, el grupo español Marsans, inició un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2017 falló a su favor y fijó una compensación de USD 320 millones más intereses. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos hasta quedar en manos de Titan Consortium, que desde 2021 impulsa la ejecución del laudo en tribunales estadounidenses.

Con la sentencia ahora confirmada, el fondo queda habilitado para continuar las acciones judiciales destinadas a cobrar la indemnización. El fallo también incrementa la presión sobre bienes argentinos en el exterior, luego de que Titan ya intentara avanzar sobre activos vinculados a los Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York.

La resolución judicial se conoce en un contexto diferente para la aerolínea estatal. Según la información oficial, Aerolíneas Argentinas registró en 2025 una ganancia operativa de USD 112,7 millones, consolidó su segundo año consecutivo sin asistencia del Tesoro Nacional y el Gobierno mantiene su intención de avanzar con una eventual privatización, aunque esa iniciativa requiere la aprobación del Congreso.

La decisión de la Justicia estadounidense deja firme una de las condenas económicas más importantes que enfrenta la Argentina fuera de sus fronteras y fortalece la posición de Titan Consortium en su estrategia para ejecutar el cobro. Mientras tanto, el Estado nacional deberá definir los próximos pasos frente a un litigio que se originó hace casi dos décadas y que continúa generando consecuencias financieras y judiciales.