Revés para la Argentina en EE.UU.: deberá pagar más de US$ 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina al confirmar que deberá pagar más de US$ 390 millones al fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones de Washington, que ratificó la responsabilidad del Estado argentino en el litigio iniciado tras la estatización de la compañía aérea.

De esta manera, el tribunal de Estados Unidos confirmó que el país deberá pagarle al fondo una suma superior a los US$ 390 millones. "Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas", indicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.

La demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera, dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner.

Los demandantes obtuvieron en 2019 una sentencia firme favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca la pagó.

En 2017, el CIADI dictó su primera sentencia en contra del país, en ese entonces en favor del grupo español Marsans.

El juicio estaba en manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar demandas de esta clase y conocido por la expropiación de la petrolera YPF. En 2018, con la sentencia a su favor por US$ 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando, y desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.

En 2024 parecía ser que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar ese litigio, con la negociación de los términos y condiciones ya aprobados así como el monto de la deuda y los intereses.

Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.