Nuevas concesiones viales: empresas privadas comenzaron a operar casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno nacional puso en marcha este miércoles un nuevo esquema de administración para parte de la red vial argentina. A partir de la entrada en vigencia de los contratos de concesión correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, dos firmas privadas quedaron al frente de la operación y el mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas y autopistas que recorren las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Con este cambio, la gestión de esos corredores dejó de estar en manos de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que los administraba hasta ahora. La concesión quedó dividida en dos sectores: el Tramo Pampa será operado por Corredor Vial 5 SAU, mientras que Rutas Sur Atlántico SA tendrá a su cargo el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur.

El primero comprende la Ruta Nacional 5, desde Luján hasta el cruce con la Ruta Nacional 35, en territorio pampeano. El segundo incluye un extenso corredor integrado por las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, vías clave para la circulación de pasajeros, el transporte de mercaderías y el turismo.

Desde Vialidad Nacional explicaron que el nuevo modelo establece que las obras y tareas de conservación serán financiadas por las empresas concesionarias, mientras que el organismo continuará ejerciendo el control sobre el cumplimiento de los contratos, la calidad de los trabajos y los estándares de seguridad vial.

La implementación de este sistema también volvió a poner en evidencia las diferencias entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires. La empresa Aubasa había presentado una oferta para participar del proceso licitatorio, pero fue descartada por el Ministerio de Economía al considerar que no reunía las condiciones técnicas exigidas en el pliego.

Tras esa resolución, la administración bonaerense cuestionó el proceso y denunció cambios en las reglas de la licitación que, según sostuvo, perjudicaron la participación de la empresa estatal provincial. Sin embargo, la impugnación no prosperó y el proceso continuó hasta la adjudicación definitiva de los corredores a los operadores privados.

Con el inicio de las nuevas concesiones, el Ejecutivo nacional busca avanzar en un esquema de gestión basado en la inversión privada para el mantenimiento y la modernización de la infraestructura vial, mientras el Estado conservará las funciones de fiscalización y control.