Kicillof firmó un decreto que otorga más poder operativo al Astillero Río Santiago
La facultades permitirán firmar contratos, disponer bienes y avanzar en acciones judiciales, con el objetivo de agilizar su funcionamiento en un contexto de presión sobre la industria naval.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó nuevas facultades al Ente Administrador del Astillero Río Santiago para agilizar su operatoria comercial, administrativa y judicial. La medida fue oficializada hoy mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial.
El decreto autoriza a las autoridades del Astillero a suscribir y aprobar contratos comerciales, convenios y actos jurídicos vinculados a la actividad industrial y naval del organismo. Las facultades recaen en el presidente del ente y, en caso de ausencia temporal, en el vicepresidente. Si ambos cargos estuvieran vacantes, podrá ejercerlas el gerente general.
La decisión se enmarca en un contexto de debate político sobre el futuro de las empresas estatales y de creciente presión sobre la industria naval. Además, llega nueve meses después de la renuncia del ex presidente del Astillero, Pedro Wasiejko, por lo que la conducción continúa bajo el liderazgo interino del gerente general, Gonzalo Ibendahl.
Según detalla la norma, las autorizaciones incluyen la firma de contratos para el desarrollo, explotación y comercialización de actividades propias de la industria naval y metalúrgica, así como acuerdos relacionados con maquinaria, equipos y servicios del sector.
El decreto también habilita al Astillero a gestionar, regularizar o disponer de materiales y bienes abandonados, declarados como rezago o que representen riesgos ambientales o de seguridad operativa dentro del establecimiento.
Otro punto clave es la facultad para impulsar actuaciones judiciales y arbitrales, tanto en el país como en el exterior, con intervención de Fiscalía de Estado. Esto permitirá avanzar en allanamientos, desistimientos, conciliaciones o transacciones procesales, conforme a la legislación vigente.
Con información de DIB
