Impulsan la creación de áreas de prevención y asistencia en violencia de género en hospitales públicos bonaerenses

Un proyecto de ley busca crear Areas de Prevención y Asistencia en Violencia de Género en todos los hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la atención integral de víctimas y mejorar la respuesta sanitaria ante situaciones de violencia.

Según el texto legislativo, presentado por la diputada provincial María Alejandra Lorden, estas áreas estarán integradas por equipos interdisciplinarios conformados por abogados, médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, organizados para intervenir tanto en la emergencia como en el seguimiento a largo plazo. El proyecto establece que su función será “lograr la asistencia de las diferentes lesiones, el cese de los actos de violencia, facilitar el acceso a la justicia y promover la recuperación emocional y social”.

Entre los objetivos fijados se destacan la capacitación del personal de salud con perspectiva de género, la adopción de protocolos de atención y derivación, la aplicación de un registro de personas asistidas, la asistencia especializada a hijos testigos de violencia, y la realización de campañas de prevención y sensibilización en hospitales y centros de salud.

El proyecto se apoya en un amplio marco normativo internacional y nacional, entre ellos la CEDAW, la Convención de Belem do Pará, la Ley 26.485, la Ley 12.569 y su modificatoria 14.509, además de normas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En los fundamentos, Lorden señala que la violencia de género debe abordarse desde un enfoque multidisciplinario y multisectorial, y que el sistema de salud cumple un rol central en la detección, asistencia y acompañamiento de las víctimas.

El texto también recuerda que la OMS define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder… que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”, y subraya que mujeres y niños son los grupos con mayor riesgo.

La iniciativa invita a los municipios a adherir a la ley y establece que el Poder Ejecutivo deberá determinar la autoridad de aplicación y elaborar los protocolos de actuación correspondientes.