Cametap apuntó contra Nación por retraso en compensaciones y advirtió que está en riesgo la continuidad del servicio
La cámara que nuclea a las empresas de colectivos reconoció salarios impagos y planteó que la "sostenibilidad del servicio público está agotada". Insistió en su pedido para aumentar el boleto.
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La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) aseguró que el sistema de transporte público de pasajeros atraviesa una "situación crítica” y atribuyó la paralización del servicio a la imposibilidad de afrontar el pago de salarios. El comunicado fue difundido luego de que la UTA iniciara una retención de tareas desde las 18.
Desde la entidad que nuclea a las empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros señalaron que la “ecuación económico-financiera” del sistema “se ha quebrado”, al punto de poner en riesgo tanto la continuidad del servicio como las fuentes laborales.
En ese marco, remarcaron que el pasado 6 de abril presentaron ante el Municipio un pedido de reconsideración tarifaria que todavía no obtuvo respuesta, donde pidieron el boleto plano de $1.550 a $2.569. Según indicaron, actualmente existe una diferencia superior al 65% entre la tarifa vigente y el valor que, aseguran, debería tener el boleto para garantizar la viabilidad del sistema.
Además, apuntaron contra el Gobierno nacional por la demora en el envío de los fondos correspondientes a los llamados “atributos sociales nacionales”, es decir, las compensaciones que deben recibir las empresas por los descuentos aplicados a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales en el uso de la tarjeta SUBE.
De acuerdo a Cametap, la deuda acumulada desde el 1 de febrero equivale a “tres meses de salarios de la totalidad del personal” de las empresas. “La recaudación por los pasajes ya no alcanza para afrontar la totalidad de los costos”, advirtieron, además se señalar que "peligra en el corto plazo la continuidad del servicio".
En el comunicado, las empresas describieron el escenario actual como una crisis que avanza hacia un “estado de parálisis de actividad” y reclamaron la intervención “inmediata” de autoridades municipales, provinciales y nacionales para destrabar recursos y evitar el colapso del sistema.
