Amenazas en escuelas de Mar del Plata: son alrededor de 30 las denuncias y refuerzan el ciberpatrullaje

La situación de amenazas en colegios de General Pueyrredon sigue siendo de preocupación en el ámbito educativo local, con alrededor de 30 denuncias por diversos episodios constatados en instalaciones de diferentes colegios. En ese contexto, la Justicia y autoridades municipales de Educación, Seguridad y del Consejo Escolar trabajan para “coordinar acciones” para reforzar la prevención, según indicó el fiscal Walter Martínez Soto.

En declaraciones a QZ Noticias, el fiscal destacó entre las medidas que se llevan adelante se encuentra “el incremento del ciberpatrullaje” y la necesidad de “dar a conocer las consecuencias desde el punto de vista penal”, ya que estos hechos “a veces lo toman como broma o como desafío”.

Además, señaló que desde la Fiscalía se solicitaron informes a distintas plataformas digitales “con miras a determinar si hay algún tipo de grupo” vinculado a estos episodios, que pudiera responder a “algún desafío de tinte criminal”.

Por otra parte, Martínez Soto reveló que se evaluó la posibilidad de implementar controles sobre pertenencias en los accesos a las escuelas, aunque la iniciativa no prosperó por el rechazo de las propias instituciones educativas. Según explicó, “en su momento se pensó en revisar las mochilas”, pero hubo “una negativa por parte de las autoridades de educación”, al considerar que podía implicar una vulneración de derechos.

Frente a esto, el fiscal argumentó que se trata de prácticas habituales en otros ámbitos: “En cualquier museo del mundo o entidad pública que uno desea visitar, siempre exhibe lo que lleva”. Por lo tanto, bajo su punto de vista, consideró como “un error” no avanzar con ese tipo de medidas, y planteó que el sistema educativo enfrenta limitaciones: “Cada vez que necesitan recurrir a un régimen disciplinario dicen que no tienen herramientas”. A su entender, este tipo de controles podría haber permitido “recuperar alguna posibilidad de autoridad perdida”.

Asimismo, recordó que en otras jurisdicciones “se han adoptado este tipo de medidas”, y aunque reconoció que “son molestas”, remarcó que forman parte de “un shock” necesario para “hacer ver las consecuencias negativas de este tipo de situaciones”.

En cuanto al caso del Colegio Esquiú, donde el autor de las amenazas fue identificado, el fiscal refirió que “ha habido una excelente predisposición por parte de la familia y el colegio”, lo que permitió “el secuestro del celular”, que será peritado. En principio, indicó que “no nos da la impresión de que haya algo más subyacente en esta publicación”, aunque aclaró que se continuará con las medidas procesales.

En ese marco, adelantó que en los próximos días se tomará la declaración, instancia en la que el implicado “va a brindar seguramente una explicación”, y a partir de allí se evaluará “si hay otras personas que hayan participado” para definir cómo se sigue la causa.