Un fallo federal ordena a PAMI regularizar pagos atrasados a prestadores de discapacidad
El Juzgado Federal Nº3 de Córdoba hizo lugar a un amparo colectivo y dispuso que el organismo normalice de inmediato la cadena de pagos, tras verificarse demoras de hasta cinco meses en prestaciones básicas.
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El Juzgado Federal Nº3 de Córdoba resolvió hacer lugar a una acción de amparo colectiva y ordenó al programa Incluir Salud y al PAMI regularizar de manera inmediata el pago de prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad titulares de pensiones no contributivas. La medida alcanza a miles de beneficiarios en todo el país y busca garantizar la continuidad de servicios esenciales brindados por instituciones y profesionales del sector.
La resolución judicial establece que ambos organismos deberán normalizar y mantener al día la cadena de pagos, luego de constatarse demoras que, en algunos casos, se extendieron por hasta cinco meses. El amparo fue promovido por la abogada Marta Lastra y tiene alcance colectivo, por lo que también protege la sustentabilidad económica de hogares, centros de día y prestadores independientes afectados por la interrupción del flujo de fondos.
El fallo aborda además un conflicto estructural derivado del corte en las transferencias estatales desde fines de 2025, situación vinculada al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El juez federal Miguel Vaca Narvaja cuestionó con dureza la conducta del Estado Nacional: “No puede el Estado esgrimir razones de control u ordenamiento presupuestario para incumplir obligaciones elementales pendientes desde diciembre del año pasado, desatendiendo derechos fundamentales de un colectivo sumamente vulnerable”, sostuvo. Y advirtió que persistir en esa omisión podría generar responsabilidades civiles y penales para los funcionarios involucrados.
En su argumentación, el magistrado remarcó que la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública prioritaria y que el derecho a la salud no puede quedar reducido a una declaración formal. Consideró que las demoras injustificadas en los pagos configuran un accionar arbitrario e ilegal por parte del Ministerio de Salud, afectando directamente la continuidad de tratamientos y apoyos indispensables para las personas con discapacidad.

