Diputados aprobó el pago de USD 171 millones a los últimos helados de la deuda de 2001

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para cancelar una deuda de USD 171 millones con dos grupos de holdouts que aún mantenían reclamos vinculados al default argentino de 2001.

La iniciativa obtuvo 139 votos a favor y 97 en contra, luego de haber recibido previamente la media sanción del Senado. El entendimiento debía ser ratificado antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo alcanzado ante la Justicia estadounidense.

Según lo aprobado, el Estado argentino abonará USD 67 millones al fondo Bainbridge Ltd. y otros USD 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Desde el oficialismo destacaron que la negociación incluyó una quita cercana al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

Con la aprobación parlamentaria, el Gobierno busca poner fin a los últimos litigios derivados de la cesación de pagos declarada en 2001. Además, el acuerdo permitirá levantar medidas judiciales que afectaban activos argentinos en Estados Unidos, entre ellos acciones vinculadas al Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y otros bienes soberanos.

Durante el debate, legisladores de La Libertad Avanza defendieron la iniciativa al sostener que representa el cierre definitivo de un conflicto financiero que se prolongó durante más de dos décadas y que perjudicó la imagen crediticia del país en los mercados internacionales.

En contraste, sectores de la oposición cuestionaron la falta de una partida presupuestaria específica para afrontar el desembolso y advirtieron sobre posibles inconsistencias con las normas de administración financiera vigentes.

La sesión también dejó como novedad la asunción del diputado Martín Matzkin, quien reemplazó a Adrián Ravier en la bancada oficialista. Asimismo, la Cámara aprobó una serie de acuerdos internacionales con Francia, Suiza y San Marino, todos con amplias mayorías.

Con la sanción definitiva de la ley, el Ejecutivo quedó habilitado para concretar el pago y avanzar en el cierre de los últimos reclamos judiciales pendientes de los acreedores que no habían ingresado a los canjes de deuda realizados tras el default de 2001.