La Justicia porteña ordenó que choferes de apps tengan licencia profesional como los taxistas

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que los conductores de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify deberán contar con licencia profesional y seguros específicos para poder operar, en una decisión que apunta a equiparar las condiciones con taxis y remises tradicionales.

El fallo fue dictado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, en el marco de una causa impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis contra el Gobierno de la Ciudad y representantes de las plataformas digitales. Según la resolución, mientras no exista una ley específica para regular la actividad, las apps deberán ajustarse a las mismas reglas y controles que rigen para el transporte tradicional de pasajeros.

Entre los principales cambios, los jueces dispusieron que los choferes de plataformas deberán tramitar una licencia de conducir profesional, además de contratar seguros específicos para pasajeros y responsabilidad civil. El objetivo, según remarcaron, es terminar con la “desigualdad regulatoria” que existía entre los distintos sistemas de transporte.

La sentencia también cuestionó al gobierno porteño por la falta de regulación durante casi una década y consideró que existió una “omisión ilegítima” en los controles sobre las aplicaciones. En paralelo, ordenó avanzar con medidas para que las plataformas comiencen a pagar tributos e impuestos, como así también limitar beneficios regulatorios hasta que exista un esquema igualitario para todo el sector.

En la vía de igualar condiciones, la Justicia también ordenó al gobierno de Jorge Macri que se abstenga de cobrar a taxistas y remiseros por trámites específicos, tales como habilitaciones y licencias.

De todos modos, el fallo no prohíbe el funcionamiento de Uber, DiDi o Cabify -como pretendía originalmente el sindicato-, sino que establece nuevas condiciones para su operación en la Ciudad de Buenos Aires. La medida estará vigente hasta que la Legislatura sancione una normativa específica sobre el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte.