Frenos a la pesca ilegal: el congreso sancionó un histórico tratado internacional
En una decisión clave para la soberanía marítima, el Poder Legislativo aprobó la Ley 27.815, que ratifica el Acuerdo de Roma de la FAO para blindar los puertos nacionales y combatir de forma directa el saqueo pesquero extranjero.
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El Congreso de la Nación Argentina sancionó de forma definitiva la Ley Nacional Nº27.815, mediante la cual el país aprueba y adopta formalmente el "Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada". Esta norma, que fue ratificada originalmente en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se convirtió en ley de la República tras la firma de las autoridades legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.
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La medida dota al Estado de herramientas jurídicas avanzadas para denegar el acceso a sus terminales portuarias a buques internacionales sospechosos de cometer delitos ambientales. A partir de ahora, toda embarcación que no esté autorizada a enarbolar el pabellón nacional y que pretenda ingresar a los puertos locales deberá suministrar con suficiente antelación una declaración detallada de sus actividades operativas, áreas de captura y licencias vigentes. De constatarse infracciones o falta de aval legal, las autoridades portuarias denegarán el uso de servicios logísticos esenciales, prohibiendo terminantemente el desembarque, transbordo, procesamiento de pescado, reabastecimiento de combustible y mantenimiento en dique seco.
Este endurecimiento de los controles responde a la imperiosa necesidad de frenar la depredación marítima transzonal que amenaza las poblaciones de peces, altera los ecosistemas marinos y socava las economías de los trabajadores pesqueros legítimos en el Atlántico Sur.
Con la publicación oficial de este marco normativo, la Argentina no solo robustece la fiscalización de sus fronteras acuáticas bajo el derecho internacional, sino que se integra formalmente a un sistema mundial de intercambio electrónico de datos, reafirmando una política de Estado intransigente frente al millonario negocio de la pesca clandestina.

