La Corte Suprema desestimó el planteo de Nación y obliga a Milei a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso en la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas al dejar firme una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario mientras se resuelve la cuestión de fondo. La decisión representa un revés para la administración de Javier Milei, que desde hace meses cuestiona la validez y el alcance de la norma aprobada por el Congreso.

El fallo del máximo tribunal rechazó distintos planteos impulsados por el Poder Ejecutivo y ratificó la continuidad de la cautelar que había sido dictada por la Justicia en favor del sistema universitario. La medida ordena al Estado cumplir con disposiciones vinculadas a la actualización de partidas presupuestarias, salarios docentes y no docentes, y programas de becas estudiantiles.

La controversia se originó luego de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y posteriormente insistiera con su vigencia tras el veto presidencial. El Gobierno sostuvo que la norma carece de fuentes de financiamiento claramente definidas y que su implementación comprometería el equilibrio fiscal, mientras que las universidades argumentan que se trata de una ley plenamente vigente que debe ser cumplida.

El conflicto llegó a los tribunales a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. La Justicia había ordenado al Ejecutivo aplicar la ley mientras se analiza su constitucionalidad, aunque posteriormente la ejecución de esa cautelar quedó suspendida de manera transitoria a la espera de una definición de la Corte.

La discusión se desarrolla en un contexto de fuertes reclamos del sector universitario. Durante los últimos meses se realizaron marchas, clases públicas y medidas de fuerza en distintas ciudades del país para exigir el cumplimiento de la ley y denunciar la pérdida de recursos de las universidades nacionales. Según datos difundidos por el sistema universitario, las casas de estudio sufrieron una significativa caída real de sus presupuestos y de los salarios docentes desde 2023.

Aunque la decisión conocida este miércoles no resuelve definitivamente la causa, fortalece la posición de las universidades en la disputa judicial y mantiene la presión sobre el Gobierno nacional. Ahora, la Corte deberá avanzar sobre la cuestión de fondo y determinar si la Ley de Financiamiento Universitario debe aplicarse en forma plena y definitiva.