El Gobierno propone reempadronamiento obligatorio y con varias modificaciones

El Gobierno nacional envió al Senado el proyecto de ley “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, una iniciativa que busca modificar profundamente la actual Ley de Emergencia en Discapacidad. El texto propone un esquema de mayor control estatal, pero también introduce fuertes restricciones para los beneficiarios y el sistema de salud.

Uno de los puntos centrales es el reempadronamiento obligatorio. Todos los titulares de pensiones por invalidez deberán acreditar nuevamente su condición médica, social y laboral. El incumplimiento de este trámite derivará en la suspensión automática y posterior baja del beneficio. Además, el Estado podrá suspender pagos de manera "preventiva" ante cualquier inconsistencia detectada en cruces de datos con ANSES o ARCA.

La pensión se fija en el 70% de la jubilación mínima, eliminando adicionales por zona desfavorable. Se establece la “incompatibilidad absoluta” con el trabajo registrado. Si una persona con discapacidad accede a un empleo formal, perdería automáticamente la pensión.  Se eliminan programas de reconocimiento y beneficios para empresas que contraten a personas con discapacidad.

Respecto al sistema de salud, el proyecto busca la desregulación. Al eliminar virtualmente el nomenclador de prestaciones, la negociación de aranceles quedará sujeta a convenios individuales por obra social o prepaga, suprimiendo el piso mínimo de calidad homogénea que rige actualmente.