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          23 de junio de 2026 | 08:28

          Denunciaron amenazas mafiosas tras la clausura del bar vinculado al femicidio de Agostina Vega

          El intendente Daniel Passerini reveló que un funcionario municipal fue amenazado con dos balas. La Municipalidad investiga una presunta red de corrupción en habilitaciones nocturnas.

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          La clausura de Wachitas Bar, local con vínculos directos con la pareja de Barrelier, desató una crisis institucional en la ciudad.
          La clausura de Wachitas Bar, local con vínculos directos con la pareja de Barrelier, desató una crisis institucional en la ciudad.

          A un mes del femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, denunció que un funcionario municipal recibió una amenaza mafiosa luego de la clausura del bar Punta Alvear, vinculado al caso que tiene como principal acusado al empleado municipal Claudio Barrelier. El episodio ocurrió en el marco de una serie de controles reforzados sobre locales nocturnos.

          En una entrevista con el programa Arriba Córdoba, Passerini reveló que al presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones le dejaron dos balas sobre el escritorio tras el cierre del establecimiento. “Antes de mi gestión, nadie lo tocaba”, afirmó el intendente, quien confirmó que el propietario del bar fue denunciado penalmente por amenazas.

          La clausura de Wachitas Bar, local con vínculos directos con la pareja de Barrelier, desató una crisis institucional en la ciudad. Como respuesta, el municipio creó una unidad ejecutora especial que trabajará junto a la Policía de Córdoba y al Ministerio de Seguridad para realizar operativos integrales sobre bares, boliches y locales nocturnos. El objetivo es revisar más de 7000 habilitaciones en 90 días, detectar irregularidades y cortar posibles circuitos de corrupción.

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          Passerini también confirmó que la investigación interna apunta a una presunta red de corrupción entre inspectores municipales y empresarios de la noche. Según detalló, ya fueron exonerados y detenidos 119 agentes, de los cuales 91 ingresaron al Estado entre 2003 y 2007 como parte de supuestos favores políticos vinculados al sector nocturno. “Muchos de los que no han querido colaborar están procesados y detenidos”, señaló.

          En el último año, el Ente de Fiscalización multiplicó las clausuras: pasó de 90 a 700 cierres de locales irregulares. Para evitar reaperturas encubiertas, el Ejecutivo impulsa una reforma de las ordenanzas de Habilitaciones y Espectáculos Públicos, que incluirá un registro público y sanciones tanto para los dueños de los comercios como para los propietarios de los inmuebles.

          “Entiendo que esta es la oportunidad de terminar con esta problemática”, concluyó Passerini, en referencia a los controles y a la investigación que se profundizó tras el femicidio de Agostina Vega.

          Fuente: TN.com

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