Vendió una camioneta secuestrada por la Justicia y deberá enfrentar un juicio oral

La resolución ratifica la decisión del Juzgado de Garantías N°6 y considera acreditado, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, que el imputado incumplió las obligaciones asumidas ante la Justicia al desprenderse de un vehículo secuestrado en una investigación penal.

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó este jueves la elevación a juicio de la causa seguida contra G. A. R., acusado de apropiarse indebidamente de un bien que le había sido confiado por orden judicial.

Según la investigación, el imputado fue designado depositario judicial de una camioneta Chevrolet S-10 que había sido secuestrada en el marco de una causa penal. En ese carácter recibió formalmente el vehículo y fue notificado sobre las obligaciones legales y las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento.

Sin embargo, para la acusación, posteriormente vendió el rodado a un particular, retirándolo de la esfera de custodia judicial. La defensa apeló la decisión que había dispuesto llevar el caso a debate oral, argumentando que no existió afectación patrimonial y que el acusado pudo haber actuado bajo un error respecto de sus obligaciones.

Los jueces rechazaron ambos planteos. Consideraron que el bien jurídico protegido no es el patrimonio de terceros sino el correcto funcionamiento de la administración pública y de la administración de justicia. También señalaron que el imputado había sido expresamente informado de las restricciones que pesaban sobre el vehículo al momento de asumir la custodia.

Además, el tribunal entendió que la conducta investigada no debe analizarse como una simple malversación de bienes equiparables a públicos, sino como un presunto caso de peculado, debido a que el vehículo fue vendido a un particular y salió definitivamente del ámbito de control estatal.

Con esta decisión, quedó firme la elevación de la causa a juicio oral, instancia en la que se debatirá la responsabilidad penal del acusado y se evaluarán las pruebas sobre la presunta venta irregular del vehículo que había sido puesto bajo su custodia por disposición judicial.