Piden reabrir la causa por la muerte de un delivery en un choque ocurrido en 2021

La causa por la muerte de Ezequiel Alejandro Cáceres, el joven delivery que falleció tras un siniestro vial ocurrido en octubre de 2021 en Mar del Plata, podría volver a la instancia judicial luego de que la familia de la víctima solicitara el desarchivo del expediente por el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas al conductor imputado.

El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2021 en la intersección de avenida Colón y Lamadrid. Según la investigación, Cáceres, de 25 años, circulaba en motocicleta cuando impactó contra un Volkswagen Voyage conducido por Ricardo Suani, quien, de acuerdo con la acusación, habría atravesado el cruce con el semáforo en rojo. El motociclista fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde murió dos días más tarde a raíz de las lesiones sufridas.

En mayo de 2024, el entonces fiscal de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi, resolvió archivar la causa aplicando el artículo 56 bis del Código Procesal Penal. Esa decisión estaba condicionada al cumplimiento de una serie de medidas por parte del imputado durante el plazo de un año.

Entre las obligaciones fijadas figuraban completar un curso de manejo defensivo, asistir a un taller de reflexión sobre el valor de la vida humana, abstenerse de conducir cualquier tipo de vehículo con la entrega voluntaria de la licencia y mantener un encuentro con los familiares de la víctima, siempre que estos aceptaran recibirlo, para expresar un pedido de disculpas.

Los abogados querellantes Maximiliano Orsini y Paula Erviti afirmaron que ninguna de esas condiciones fue cumplida. Según indicaron, la defensa de Suani argumentó que el imputado había decidido no volver a manejar, aunque para la representación de la familia esa decisión personal no reemplaza las obligaciones dispuestas por la Justicia.

Ezequiel Cáceres, de 25 años, circulaba en motocicleta cuando impactó contra un Volkswagen Voyage.

En la presentación realizada ante la Fiscalía, la querella sostuvo que las medidas tenían una finalidad educativa, preventiva y de reflexión, por lo que no pueden considerarse cumplidas únicamente mediante una manifestación de voluntad sin acreditación objetiva.

El planteo quedó ahora en manos del fiscal Germán Vera Tapia, titular de la Fiscalía de Delitos Culposos, quien deberá resolver si dispone la reapertura de la investigación y solicita la elevación de la causa a juicio oral. En caso de avanzar el proceso, el acusado, actualmente de 70 años, podría ser juzgado por homicidio culposo agravado, delito que contempla penas de entre tres y seis años de prisión.