La dueña del geriátrico investigada por abandono de persona ahora también fue imputada por una millonaria defraudación a una jubilada

La investigación contra la responsable del geriátrico de Mar del Plata donde se denunciaron graves casos de abandono de persona, maltratos y la muerte de una residente ahora sumó un nuevo capítulo judicial. La mujer de 57 años, que permanece detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán, fue imputada por una causa de presunta defraudación luego de que la fiscalía determinara que habría utilizado a una jubilada para obtener préstamos personales en su propio beneficio.

Como adelantó QZ Noticias el pasado 26 de junio, la acusada ya estaba detenida por una investigación encabezada por el fiscal Carlos Russo, iniciada tras una denuncia presentada a fines de 2025 por las condiciones en las que vivían los adultos mayores alojados en un geriátrico de la calle Vieytes al 3400. En ese expediente se la acusa de golpear, maltratar, suministrar medicación sin control médico y abandonar a los residentes, además de la muerte de una mujer ocurrida en Navidad del año pasado.

Ahora, la Fiscalía de Delitos Económicos incorporó una nueva imputación vinculada a hechos ocurridos en 2019, cuando la mujer administraba otro geriátrico ubicado en la calle Malvinas al 1.100. Según la investigación, junto con el apoderado de una residente habrían llevado a una anciana en situación de vulnerabilidad a una sucursal del Banco Provincia para gestionar al menos dos préstamos personales pagaderos en 72 cuotas, cuyo dinero habría sido utilizado por los imputados.

De acuerdo con la acusación, la maniobra generó un perjuicio patrimonial para la víctima tanto por los montos obtenidos como por la deuda y los costos financieros que debió afrontar. La situación salió a la luz gracias a la denuncia realizada por una empleada del establecimiento ante la Defensoría del Pueblo, lo que permitió revocar el poder otorgado y que la jubilada recuperara el control sobre el cobro de sus haberes.

Por estos hechos, la mujer fue imputada por el delito de defraudación por administración fraudulenta, cuya pena prevista va de uno a seis años de prisión. Al igual que ocurrió en la causa por abandono de persona, decidió no prestar declaración ante la Justicia.

La nueva imputación se suma a la investigación que QZ dio a conocer sobre el funcionamiento del geriátrico, donde la Justicia investiga presuntos episodios de violencia, abandono y suministro irregular de medicamentos a personas mayores alojadas en el establecimiento.