Productores de la región se suman al rechazo contra la desregulación de la vacunación antiaftosa

La Sociedad Rural de Balcarce se incorporó al reclamo impulsado por entidades agropecuarias del sudeste bonaerense contra la desregulación del sistema de vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. El rechazo apunta a la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que desde enero de 2027 permitirá a los productores elegir libremente a un veterinario privado acreditado para aplicar las vacunas obligatorias.

La postura fue ratificada durante una reunión realizada en la Sociedad Rural de Ayacucho, de la que participaron las 16 entidades rurales que integran la Zona VI de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Entre ellas estuvieron representantes de Balcarce, Mar del Plata, Mar Chiquita, Lobería, General Madariaga, General Guido y Benito Juárez, entre otras.

Las entidades sostienen que el nuevo esquema pone en riesgo un sistema sanitario que durante décadas garantizó elevados niveles de cobertura, trazabilidad y control epidemiológico mediante la participación de fundaciones y entes sanitarios administrados por los propios productores. Según advirtieron, el modelo vigente permitió sostener el estatus sanitario del país y fue clave para el acceso a mercados internacionales.

Como respuesta, acordaron elaborar un documento conjunto para solicitar al gobierno nacional la revisión de la resolución y la apertura de una instancia de diálogo con las autoridades sanitarias. Los dirigentes rurales señalaron que, si bien mantuvieron reuniones con funcionarios del Senasa, hasta el momento no obtuvieron respuestas que despejen las preocupaciones del sector.

El rechazo no es exclusivo de las rurales del sudeste bonaerense. Desde que se conoció la resolución, Carbap y otras entidades agropecuarias cuestionaron la medida al considerar que carece de fundamentos técnicos y económicos y que podría afectar especialmente a los productores de menor escala, además de debilitar un sistema sanitario consolidado durante más de dos décadas.