Prisión preventiva confirmada por un robo agravado en Otamendi: la Cámara avaló las pruebas

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la prisión preventiva de G.A.C., imputado por un robo agravado ocurrido en marzo pasado en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi. Los jueces consideraron que existen elementos suficientes para sostener su presunta participación en el hecho, pese a los cuestionamientos de la defensa sobre la calidad de las pruebas. 

El fallo, dictado este martes, rechazó el recurso presentado por la defensa oficial, que solicitaba la libertad por falta de mérito del acusado. La causa investiga un robo perpetrado el 27 de marzo de 2026 en el domicilio de una mujer de Otamendi, donde tres individuos ingresaron encapuchados y armados. 

La mayoría integrada por los jueces Adrián Angulo y Leandro Favaro entendió que la investigación reúne indicios suficientes para vincular al imputado con el hecho. Entre ellos valoraron los registros de cámaras de seguridad, el reconocimiento realizado por un vigilador privado y una oficial de policía que afirmaron identificar al sospechoso por su contextura física y forma de caminar, además del hallazgo de prendas compatibles con las observadas en los videos y con la descripción aportada por la víctima. 

Los magistrados sostuvieron que la gravedad del delito investigado -robo agravado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y cometido en poblado y en banda- justifica mantener la medida cautelar mientras avanza la investigación. 

Sin embargo, el juez Marcelo Madina votó en disidencia. Consideró que las imágenes carecen de nitidez suficiente para identificar con certeza al acusado y remarcó que durante los allanamientos no se recuperaron objetos robados. A su criterio, el cuadro probatorio resulta insuficiente para sostener una prisión preventiva. 

Con el voto mayoritario de la Sala II, quedó firme la decisión adoptada por el Juzgado de Garantías y G.A.C. continuará detenido mientras prosigue la investigación judicial. La resolución constituye un nuevo respaldo de la Cámara a las medidas de coerción en causas de delitos graves cuando considera acreditados riesgos procesales y elementos de cargo suficientes.