Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputaron a otro consejero escolar y amplían la investigación

La investigación por el suministro de agua contaminada en escuelas de Mar del Sud sumó un nuevo imputado. La Justicia Federal formalizó la acusación contra otro integrante del Consejo Escolar de General Alvarado, con lo que ya son cinco las personas investigadas en una causa que también derivó el año pasado en la intervención del organismo educativo. Además, el juez de garantías resolvió prorrogar la investigación por otros 180 días.

La nueva imputación alcanza a un consejero escolar, el cual no fue identificado en la publicación oficial de fiscales.gob.ar, quien quedó incorporado a una causa en la que ya estaban acusados la presidenta, la vicepresidenta y el tesorero del Consejo Escolar, además del contratista encargado de certificar la potabilidad del agua en los establecimientos educativos. Según la hipótesis fiscal, los funcionarios y el prestador habrían participado de maniobras vinculadas a la falsificación de certificados y al suministro de agua no apta para consumo humano.

La audiencia fue encabezada por el juez federal Santiago Inchausti, quien hizo lugar al pedido del fiscal federal Carlos Martínez y del auxiliar fiscal Agustín Roldán para extender la etapa de investigación hasta fines de diciembre. También mantuvo las medidas cautelares que pesan sobre los imputados, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción para acercarse al polo educativo de Mar del Sud. Esta última medida se tomó ya, tras una breve intervención del Consejo Escolar, las autoridad volvieron a sus cargos en el organismo provincial.

La fiscalía solicitó además ampliar las medidas patrimoniales sobre los acusados, con pedidos de embargo e inhibición general de bienes respecto de algunos de los investigados.

Cómo comenzó el caso

La causa se inició en abril de 2025 tras la denuncia de familias de alumnos de la Escuela Primaria N° 2, la Escuela Secundaria N° 8 y el Jardín de Infantes N° 910, que funcionan en un mismo predio de Mar del Sud. Los padres advirtieron reiterados cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos en los estudiantes y promovieron un análisis particular del agua, cuyos resultados determinaron que no era apta para consumo por la presencia de bacterias como Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa.

De acuerdo con la investigación, mientras las autoridades educativas ya contaban con esos antecedentes, se exhibieron certificados apócrifos que aparentaban acreditar la potabilidad del agua mediante documentación atribuida a la Universidad Nacional de Mar del Plata y con una firma que luego fue desconocida por la profesional involucrada. Ese hallazgo dio origen a la investigación penal y posteriormente a una serie de allanamientos en General Alvarado.

Una causa que ya había provocado la intervención del Consejo Escolar

En septiembre del año pasado, la fiscalía había formalizado las primeras cuatro imputaciones por presunta defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Poco después, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia dispuso la intervención del Consejo Escolar de General Alvarado por un plazo inicial de 90 días, medida que luego concluyó y permitió el regreso de las autoridades a sus cargos.

Con la incorporación de un quinto imputado y la extensión del plazo de investigación, la fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados en un caso que expuso graves irregularidades en los controles sanitarios de establecimientos educativos del distrito.