La Provincia aprobó un marco para regular el uso de inteligencia artificial en el Estado

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un marco regulatorio para el uso de la inteligencia artificial (IA) en la administración pública, una iniciativa que busca establecer reglas claras para la incorporación de estas tecnologías en los organismos estatales y garantizar que su implementación se realice bajo criterios de transparencia, seguridad y respeto por los derechos de las personas.

La medida fija un conjunto de principios orientadores que deberán seguir las distintas dependencias provinciales al momento de desarrollar o utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial para asistir procesos administrativos, optimizar la gestión pública o mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Entre los ejes centrales del nuevo marco se destacan la supervisión humana de las decisiones asistidas por IA, la protección de los datos personales, la trazabilidad de los procesos automatizados, la transparencia en el funcionamiento de los sistemas y la prevención de sesgos o discriminaciones que puedan afectar a las personas.

La normativa también promueve un uso ético y responsable de estas tecnologías, estableciendo que la incorporación de inteligencia artificial deberá realizarse respetando los principios constitucionales, las garantías individuales y los estándares de acceso a la información pública.

Desde la Provincia señalaron que el objetivo es aprovechar el potencial de la IA para agilizar procedimientos internos, fortalecer las capacidades del Estado y mejorar la calidad de las políticas públicas, sin que ello implique reemplazar la intervención humana en aquellas decisiones que puedan afectar derechos o intereses de la ciudadanía.

En ese sentido, el marco regulatorio prevé que los organismos públicos evalúen previamente los riesgos asociados a cada implementación, adopten mecanismos de control y mantengan registros que permitan auditar el funcionamiento de las herramientas utilizadas.

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente de gobiernos de todo el mundo que avanzan en la regulación de la inteligencia artificial para compatibilizar la innovación tecnológica con la protección de derechos fundamentales. En distintos países ya se desarrollan normas y estándares destinados a garantizar un uso seguro, transparente y responsable de estas tecnologías en el sector público.