La Libertad Avanza pidió informes por una licitación millonaria del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense

Los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense presentaron de forma conjunta una serie de pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo provincial, con el objetivo de obtener precisiones administrativas sobre una licitación pública millonaria impulsada por el Ministerio de Comunicación Pública, encabezado por la ministra Jesica Rey. El proceso, con un presupuesto oficial de $2.278.171.592,43, prevé la contratación semestral -con prórroga opcional- de servicios técnicos y operativos de producción y distribución satelital de contenidos audiovisuales oficiales, con inicio proyectado para el 1 de octubre de 2026.

El reclamo legislativo se centra en el destino de las partidas presupuestarias y en la decisión política de reactivar la señal estatal de streaming “ViBra Bonaerense”, que había interrumpido sus transmisiones a fines de febrero tras registrar bajos niveles de audiencia, con producciones que no superaban las 300 visualizaciones promedio. La oposición solicitó detallar qué medios recibirán la señal satelital, cuál será la línea editorial, y qué mecanismos de auditoría se implementarán para garantizar transparencia y evitar un eventual uso partidario de los recursos públicos.

Los bloques libertarios también expresaron dudas sobre la transparencia y la libre competencia del proceso de compra. Señalaron que la exigencia de acreditar capacidad satelital en banda Ku con un ancho de banda mínimo de 4 MHz durante las 24 horas funcionó como una barrera técnica excluyente, limitando la concurrencia de oferentes. Esto quedó reflejado en el acta de apertura del 25 de junio, donde -pese a la compra de dos pliegos- se registró una única oferta válida, presentada por La Corte S.A., por $1.995,9 millones. El pliego incluye además un despliegue logístico significativo: un estudio de televisión de 16 m², 80 unidades móviles, sistemas de transmisión 4G y cámaras robóticas de alta complejidad.

El pedido de informes fue acompañado por críticas severas de los referentes del espacio. El presidente de la bancada de diputados, Juan Osaba, calificó la medida como un “delirio insostenible”, acusando al gobernador de financiar una “trinchera ideológica” en medio de la crisis de seguridad, del IOMA y la pérdida de días de clases. En la misma línea, el senador Carlos Curestis consideró una “vergüenza” el montaje de una estructura de comunicación de tal magnitud económica, mientras que el dirigente provincial Sebastián Pareja denunció un “despilfarro” de fondos públicos.

La iniciativa busca forzar al Gobierno provincial a fundamentar los criterios de asignación presupuestaria en el área de comunicación institucional, en un contexto de delicada coyuntura socioeconómica.