Punta Mogotes: la Justicia pidió informes a Provincia sobre el anuncio de municipalización y las licitaciones

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Simón Isacch requirió este martes a la Provincia de Buenos Aires y a la Administración de Punta Mogotes remitir, en un plazo de cinco días, la información pertinente al anuncio realizado la semana pasada por el ministro de Producción, Augusto Costa, sobre la municipalización del complejo. Asimismo, también requirió las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, adjudicación o ejecución de obras en Punta Mogotes.

Después de más de un año y medio de disputas procesales, recursos cruzados y discusiones sobre la competencia judicial, la causa por la municipalización de Punta Mogotes finalmente comenzará a ingresar en el debate de fondo. Y con novedades de peso.

Novedades también hubo desde el lado de la Municipalidad, ya en las últimas horas modificó su estrategia judicial frente al nuevo escenario político abierto por la decisión del gobierno de Axel Kicillof de avanzar con una nueva licitación de los 24 balnearios de Punta Mogotes.

El secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, desistió de la ampliación de demanda presentada la semana pasada y de la medida cautelar que había presentado la semana pasada para intentar impedir que la Provincia avanzara sobre la situación jurídica y material del predio mientras se resuelve la causa principal.

Según pudo saber QZ Noticias, el equipo jurídico del Ejecutivo detectó dificultades técnicas para sostener la viabilidad procesal de ese planteo, principalmente por el alcance de la cautelar solicitada y el estado en el que se encontraba el expediente.

Así entonces, este lunes la Comuna reformuló el encuadre jurídico y presentó una medida cautelar autónoma o anticipada para también intentar suspender la licitación provincial. El planteo también vino con una nueva redacción, con mayor desarrollo y profundidad en conceptos técnicos, a diferencia de la primera.

Este tipo de cautelar es una herramienta procesal independiente de la demanda principal, utilizada en situaciones donde la demora natural de un juicio podría volver abstracto o de difícil reparación el reclamo de fondo.

La intención del gobierno local es frenar el proceso licitatorio anunciado el 11 de mayo por la Provincia, que contempla nuevas concesiones, obras de infraestructura y un esquema de transición previo a un eventual traspaso del complejo al Municipio.