La Provincia pidió rechazar la demanda de Montenegro por Punta Mogotes y cuestionó el cálculo de la deuda

La Provincia de Buenos Aires pidió a la Justicia que rechace la demanda impulsada por la Municipalidad de General Pueyrredon para cancelar la deuda histórica de la Administración Punta Mogotes (APM) y avanzar en la recuperación de la administración del complejo balneario.

En una extensa presentación a la que accedió QZ Noticias, la Fiscalía de Estado sostuvo que la acción promovida en 2024 por el entonces intendente Guillermo Montenegro es improcedente por cuatro razones centrales: el Municipio no tiene legitimación para pagar esa deuda, la obligación se sigue abonando regularmente desde la Administración de Punta Mogotes (APM), el monto consignado es insuficiente y la deuda incluso podría ser superior a la cifra calculada por la comuna.

El primer argumento apunta a que la deuda pertenece a la APM y no al municipio. Según la Provincia, la APM es un ente con personalidad jurídica propia y General Pueyrredon no puede sustituirla unilateralmente para cancelar la obligación, más allá de tener una participación del 30% en ella, siendo el restante 70% de la Provincia.

Además, afirmó que la deuda que originalmente era de casi 18 millones de dólares continúa siendo abonada mensualmente conforme al cronograma vigente establecido por el Decreto 4209/97, por lo que no existe incumplimiento que justifique una intervención de un tercero interesado. Solo en ese caso, la Comuna podría impulsar la cancelación de la deuda para que el complejo vuelve a manos municipales.

La Fiscalía también cuestionó los $14.069.819,46 depositados por la Municipalidad en el marco de la causa, un monto que la propia Comuna estima adeuda la APM a la Provincia. Sostuvo que esa cifra surge de balances cerrados al 31 de diciembre de 2023 y no contempla intereses ni cuotas devengadas con posterioridad, por lo que no representaría la totalidad de la deuda.

Por último, planteó que el monto adeudado podría requerir una revisión más profunda. Recordó que el origen del pasivo fue una deuda cercana a los 18 millones de dólares asumida por la Provincia en los años noventa y señaló que deben analizarse los efectos de normas posteriores vinculadas a la pesificación y actualización de obligaciones públicas.

Para la Provincia, la deuda no está plenamente determinada ni liquidada, por lo que tampoco podría ser objeto de una consignación judicial como la promovida por la Municipalidad. Incluso, aseguro que en todo caso ello no podría ser resuelto por la Justicia, sino que es una competencia de la administración pública provincial, a través del Ministerio de Economía.

Con esos argumentos, solicitó el rechazo total de la demanda y que las costas del proceso sean afrontadas por la comuna. Tras la presentación, el juez Simón Isacch corrió traslado a la Municipalidad.

La contestación a la demanda se conoció luego que la causa se reactivará tras un año y medio de debate en torno a la competencia. Hace dos meses, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dio por saldada esa controversia y determinó que el expediente debe tramitarse en la justicia marplatense y no en La Plata, como pretendía la Provincia. Así se reaunudaron los plazos tras la demanda presentada por Montenegro en octubre de 2024. 

En paralelo, el Municipio impulsa una medida cautelar para frenar el proceso de licitación que la APM encara para la renovación de las concesiones de los 24 balnearios del complejo. Allí, la Provincia también solicitó al juez Isacch el rechazo al planteo municipal.