Del mega proyecto a no tener para pagar la luz

La ONG Mirada Ciudadana presentó ante la Justicia un pedido para ser incorporada como particular damnificado en la causa que investiga presuntas irregularidades en la licitación para la remodelación y explotación del Estadio José María Minella. La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado César Sivo, quien sostuvo que la participación de la sociedad civil resulta fundamental para garantizar la transparencia en el manejo de los bienes públicos. "Entendemos que es necesario que la sociedad civil se involucre en esta causa. Estamos hablando de bienes públicos de enorme relevancia para todos los marplatenses", afirmó.

Sivo explicó que la organización tiene entre sus objetivos la defensa de la transparencia y el control de los actos de gobierno. En ese sentido, remarcó que no solo se trata de conocer cómo se desarrolló el proceso licitatorio, sino también de exigir que los funcionarios expliquen las decisiones adoptadas. "Lo que pretendemos es que se transparenten las cuentas públicas y que quienes tuvieron responsabilidades en este proceso den las explicaciones correspondientes. No alcanza con decir que hubo errores; hay que rendir cuentas", expresó.

El abogado también cuestionó el deterioro que presenta actualmente el estadio y el Polideportivo Islas Malvinas, al considerar que la falta de mantenimiento agrava cada día la situación. “El Minella es un patrimonio de todos. Fue sede de un Mundial, de campeonatos internacionales y es la casa de clubes que representan a la ciudad en competencias nacionales. Mientras pasa el tiempo, el deterioro es cada vez mayor” señaló. 

A la preocupación por el estado del predio se suma el creciente malestar de vecinos y deportistas que diariamente concurren al Parque Municipal de los Deportes para caminar, correr o realizar distintas actividades físicas. La falta de suministro eléctrico dejó amplios sectores completamente a oscuras, generando incertidumbre y preocupación por las condiciones de seguridad. Quienes frecuentan el lugar advirtieron que la escasa iluminación dificulta la práctica deportiva y aumenta el riesgo tanto para quienes utilizan el predio como para quienes simplemente transitan por la zona durante las primeras horas de la mañana o al caer la tarde.

La situación genera aún más interrogantes si se tiene en cuenta que, días atrás, el Polideportivo fue escenario de dos multitudinarios recitales de Airbag, eventos que movilizaron una importante cantidad de público y recursos económicos. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue el destino de los ingresos generados ni cómo se administraron esos fondos. Mientras tanto, este martes el Parque Municipal de los Deportes quedó a oscuras luego de que se retiraran los medidores por una deuda en el servicio eléctrico, profundizando las dudas sobre la administración y el estado financiero de uno de los principales escenarios deportivos de Mar del Plata.

Respecto al futuro del predio, Sivo sostuvo que, si la decisión es avanzar con una concesión privada, el procedimiento debe realizarse mediante una licitación transparente y con amplia participación. "Si quieren mantener la administración en manos privadas, que se haga una licitación como corresponde, con un pliego de bases y condiciones controlado por la sociedad civil y con la participación de los clubes locales, que son usuarios permanentes de esas instalaciones", indicó.

Además, cuestionó algunos aspectos del pliego conocido hasta el momento y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas para el Estado. "Hay cláusulas preocupantes y decisiones difíciles de entender. Incluso existe el riesgo de que un conflicto termine litigándose en el CIADI, en Washington, con el enorme costo que eso implicaría para los marplatenses. Todo esto merece una explicación pública", manifestó el letrado.

Finalmente, Sivo confirmó que mantuvieron una audiencia con la jueza Lucrecia Bustos y se mostró optimista respecto del planteo presentado. "Tuvimos una muy buena reunión con la jueza y creemos que hubo una recepción positiva. Ahora será ella quien decida si nos admite como particular damnificado. Lo importante es que los funcionarios encargados del seguimiento de esta concesión, como mínimo, den explicaciones. Incluso podrían existir responsabilidades civiles, administrativas y penales si la investigación así lo determina", concluyó.