La Justicia de Mar del Plata ordenó a Azul transparentar el uso de la tasa vial rural

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó de manera unánime el fallo de primera instancia que ordena a la Municipalidad de Azul a brindar transparencia absoluta sobre el destino y la utilización de los fondos recaudados por la tasa por servicios esenciales viales rurales. La comuna, administrada por el intendente Nelson Sombra, deberá entregar la información requerida en un plazo perentorio de 45 días hábiles.

La resolución desestimó el recurso presentado por la asesoría letrada municipal y dejó firme la sentencia dictada el 31 de marzo de 2026 por el Tribunal de Trabajo de Azul, en el expediente “Aguiló María Luz y otros c. Municipalidad de Azul s/ Amparo”. Con esta confirmación, el Ejecutivo local queda obligado a poner a disposición del consorcio de 19 productores agropecuarios los balances contables generales, las matrices de costos operativos y los presupuestos anuales vinculados a las últimas partidas de la tasa rural.

Los magistrados sostuvieron que la información pública pertenece a la ciudadanía y que su acceso no puede ser restringido ni condicionado por exigencias extraordinarias. Consideraron que el silencio del Municipio frente a las solicitudes administrativas configuró una “negativa tácita e injustificada”, vulnerando derechos de rango constitucional.

El litigio se enmarca en el deterioro progresivo de los caminos vecinales y productivos del partido de Azul. Los productores denuncian la ausencia total de contraprestación en el mantenimiento de las calzadas de tierra, pese al cobro regular -y con aumentos- de la tasa vial rural.

La falta de intervención municipal, advierten, afecta no sólo la logística del sector agropecuario, sino también la conectividad social de los parajes rurales, dificultando el acceso de las familias a centros de salud y escuelas rurales.

La sentencia firme obliga ahora al Municipio a transparentar el uso de los recursos y a responder a un reclamo que lleva años sin resolución administrativa.