Designan un liquidador para completar el cierre de la obra social del personal cinematográfico de Mar del Plata
La Superintendencia de Servicios de Salud nombró a un delegado liquidador por 180 días hábiles para finalizar el proceso administrativo de la entidad, dada de baja en 2025 tras una prolongada crisis institucional, financiera y prestacional.
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La Superintendencia de Servicios de Salud designó este miércoles a un delegado liquidador para concluir el proceso de cierre de la Obra Social del Personal Cinematográfico de Mar del Plata, luego de que la comisión encargada de llevar adelante la liquidación no cumpliera con las tareas que le habían sido encomendadas. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1204/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La resolución establece el nombramiento del contador Ricardo Ernesto Bellagio como delegado liquidador por un plazo de 180 días hábiles, con renovación automática hasta la finalización del procedimiento.
De acuerdo con el organismo nacional, la comisión liquidadora —integrada por el Consejo Directivo de la propia obra social— no avanzó con las acciones necesarias para completar el cierre administrativo de la entidad. Ante ese escenario, la Superintendencia resolvió asumir el control del proceso mediante la designación de un funcionario con facultades específicas para llevar adelante la liquidación.
Entre sus funciones, Bellagio deberá administrar el patrimonio remanente de la obra social, impulsar la realización de activos, cancelar pasivos y presentar informes mensuales sobre el estado del procedimiento. En caso de corresponder, también podrá promover la quiebra de la institución para concluir definitivamente su situación jurídica. El proceso será supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de la Superintendencia.
La Obra Social del Personal Cinematográfico de Mar del Plata había sido dada de baja en junio de 2025, cuando la Superintendencia determinó que la entidad ya no reunía las condiciones mínimas para continuar operando. El organismo concluyó entonces que la institución atravesaba una crisis institucional, financiera y prestacional sostenida durante al menos tres años.
En aquella oportunidad también se señaló que la obra social no había corregido las irregularidades detectadas en auditorías técnicas, incumplió con la presentación de documentación obligatoria y desatendió las intimaciones cursadas por el organismo de control.
Tras la baja, los afiliados debieron elegir otra obra social para conservar su cobertura médica, mientras que el Consejo Directivo quedó a cargo del proceso de liquidación. Sin embargo, la falta de avances durante el último año derivó en la decisión de la Superintendencia de intervenir directamente para completar el cierre definitivo de la entidad.

