Pidieron llevar a juicio a la banda que extorsionaba por apps de citas y está acusada de inducir al suicidio a un soldado en Olivos

La Fiscalía Federal N°1 de San Isidro solicitó la elevación a juicio oral de siete integrantes de una organización acusada de extorsionar a hombres mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas. Dos de los imputados también deberán responder por la presunta instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos.

Según la investigación, la maniobra era dirigida desde una cárcel bonaerense y contaba con la colaboración de cuatro mujeres que facilitaban cuentas bancarias y líneas telefónicas para concretar las extorsiones. La causa se originó tras la muerte del joven granadero en diciembre de 2025.

La Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Federico Iuspa, requirió la elevación a juicio oral de siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar hombres contactados a través de aplicaciones de citas. Además, pidió que dos de los presuntos líderes de la organización sean juzgados por la supuesta instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en la residencia presidencial de Olivos.

De acuerdo con la acusación, la banda operó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. La investigación sostiene que los principales responsables dirigían la maniobra desde la Unidad Penal N°36 de Magdalena, mientras que cuatro mujeres colaboraban desde el exterior aportando cuentas de billeteras virtuales y chips telefónicos utilizados para concretar las amenazas.

La modalidad consistía en crear perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas para captar víctimas. Luego trasladaban las conversaciones a WhatsApp y simulaban que la supuesta interlocutora era menor de edad. Posteriormente, una mujer se hacía pasar por la madre de la joven y amenazaba con denunciar penalmente a la víctima. Finalmente, otro integrante fingía ser un policía y exigía pagos para evitar consecuencias judiciales.

La pesquisa identificó tres hechos concretos de extorsión. Entre ellos figura el caso de Gómez, quien el 15 de diciembre transfirió más de 1,4 millones de pesos a cuentas vinculadas con la organización. Días después, el joven soldado de 21 años fue hallado sin vida en una garita de vigilancia de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de custodia.

A partir del análisis de teléfonos, movimientos financieros y allanamientos realizados en febrero, la fiscalía consideró acreditada la existencia de una estructura organizada con roles definidos y una metodología común para obtener dinero mediante amenazas y engaños.

Con el requerimiento presentado ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la causa ingresó en la etapa previa al juicio oral. Para la fiscalía, la organización exhibió un alto grado de planificación y peligrosidad, agravado por el hecho de haber operado desde establecimientos penitenciarios, utilizar la identidad de un policía real y tener entre sus consecuencias la muerte de una de sus víctimas.