El Senado debatirá el 6 de agosto la Ley de Propiedad Privada tras un acuerdo del oficialismo

El Senado debatirá el próximo 6 de agosto el proyecto de Ley de Propiedad Privada, luego de que el oficialismo alcanzara un acuerdo interno que permitió reactivar una iniciativa que había sido postergada en varias oportunidades por falta de consenso.

Las negociaciones fueron encabezadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quienes consensuaron una nueva redacción del texto para sumar el respaldo de sectores dialoguistas y avanzar con su tratamiento tras el receso legislativo.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación del régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta flexibiliza gran parte de las restricciones vigentes para incentivar inversiones, aunque mantiene controles para impedir que Estados extranjeros o empresas con participación estatal adquieran inmuebles rurales sin autorización.

En esos casos, las operaciones deberán contar con la aprobación expresa tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la provincia donde se encuentre el inmueble, preservando la participación de las jurisdicciones locales.

Durante las negociaciones también se eliminaron algunos puntos que habían generado objeciones entre los bloques aliados. Entre ellos, quedó descartado el mecanismo de "silencio administrativo", que contemplaba la aprobación automática de una operación ante la falta de respuesta del Estado dentro de un plazo determinado.

La nueva redacción establece que todas las autorizaciones que exija la normativa deberán otorgarse de manera expresa, reforzando además las facultades de las provincias para intervenir en operaciones sobre tierras ubicadas en zonas estratégicas o de frontera.

Desde el oficialismo sostienen que los cambios alcanzados permiten compatibilizar la promoción de inversiones privadas con la protección de la soberanía territorial y el respeto al federalismo.

Tras varios intentos fallidos por falta de apoyo parlamentario, el Gobierno confía en que el acuerdo alcanzado le permitirá reunir los votos necesarios para aprobar la iniciativa durante la sesión prevista para el 6 de agosto.