El hermano de Adorni, también en problemas: lo imputaron por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La investigación fue impulsada por una denuncia de Marcela Pagano y quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuán. Apuntan a presuntas inconsistencias patrimoniales de Francisco Adorni.
:format(webp):quality(40)/https://qznoticiascdn.eleco.com.ar/media/2026/05/francisco_adorni.jpeg)
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles al diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
Francisco Adorni es actualmente diputado bonaerense de La Libertad Avanza y anteriormente ocupó cargos en el Ministerio de Defensa y en el Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en Marijuán.
:format(webp):quality(40)/https://qznoticiascdn.eleco.com.ar/media/2026/05/adorni_3.jpeg)
La denuncia pone el foco en la evolución patrimonial del funcionario desde su ingreso a la administración pública nacional. Según la presentación judicial, existirían inconsistencias entre los ingresos declarados y distintos movimientos patrimoniales detectados durante los últimos años.
De acuerdo con la declaración jurada correspondiente a 2024, Francisco Adorni informó bienes por $43,7 millones, entre ellos el 50% de una vivienda en City Bell y un vehículo adquirido en 2023. En la declaración de 2025, su patrimonio declarado ascendió a $80,5 millones.
La denuncia de Pagano también menciona la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación en un año de un crédito hipotecario cercano a los $60 millones otorgado por el Banco Provincia. Según la legisladora, los ingresos declarados no resultarían compatibles con esas operaciones.
En el marco de la causa, Marijuán ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a más de 30 organismos y el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario.
