El gobierno posterga la entrega de declaraciones juradas en medio del ruido por Adorni

En un clima político cargado, el gobierno nacional decidió postergar la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios y movió el calendario en un momento incómodo: en paralelo a las dudas que rodean al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La resolución de la Oficina Anticorrupción fijó una nueva fecha límite: el 31 de julio de 2026. El plazo original vencía a fines de mayo y correspondía a la actualización anual de los datos patrimoniales del período 2025.

Aunque desde el organismo argumentaron razones técnicas -principalmente la necesidad de contar con información impositiva consolidada, como las presentaciones de Ganancias y Bienes Personales-, la decisión no pasó desapercibida por el contexto en el que se tomó.

El nombre de Adorni aparece en el centro de la escena desde hace semanas, a partir de cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio. En ese marco, la prórroga fue leída por distintos sectores como una señal que, al menos en términos políticos, suma ruido en lugar de despejarlo.

La obligación de presentar declaraciones juradas alcanza a todos los funcionarios comprendidos en la Ley de Ética Pública, que establece informes al inicio y al final de la gestión, además de actualizaciones anuales. Se trata de una herramienta clave para el control ciudadano sobre los bienes de quienes ocupan cargos públicos.