El Gobierno oficializó un retiro voluntario en el INTA para reducir 1000 puestos
La medida, publicada mediante la Resolución 144/2026, estará vigente hasta el 31 de mayo y apunta a trabajadores de planta permanente bajo la Ley 25.164.
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El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante la Resolución 144/2026, con el objetivo de reducir en 1000 puestos una planta que actualmente cuenta con unos 5900 empleados, en el marco del ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei.
El régimen, firmado por el titular del organismo, Nicolás Bronzovich, estará disponible hasta el 31 de mayo, con la posibilidad de extenderse por 15 días adicionales, y está dirigido exclusivamente a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
En cuanto a la compensación económica, se calculará en base a los haberes correspondientes a enero de 2026 y la antigüedad reconocida al 31 de marzo, considerando un incremento salarial acumulado del 10,30%.
El esquema establece el pago de 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, computando únicamente el tiempo trabajado como personal permanente en la Administración Pública Nacional, con topes diferenciados según la edad: sin límite hasta los 60 años, un máximo de 24 salarios entre los 61 y 63 años, y un tope de 12 haberes a partir de los 64 años.
Además, el INTA puso a disposición de los trabajadores un simulador de cálculo para estimar el monto a percibir en función de su situación laboral.
El organismo atraviesa un proceso de reestructuración desde fines de 2024, cuando se implementó un primer retiro voluntario que alcanzó unas 300 adhesiones. Posteriormente, el Gobierno intentó avanzar con despidos, pero en agosto de 2025 la Justicia Federal de San Martín ordenó frenar alrededor de 300 cesantías.
En abril, el Consejo Directivo del INTA aprobó la eliminación de 14 dependencias en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en línea con la política de reducción del Estado.
El nuevo esquema busca completar la reducción de personal que el Ejecutivo no logró concretar en instancias anteriores.
Con información de DIB
