El Gobierno creó una mesa de seguridad para proteger inversiones del RIGI del narcotráfico
La ministra Alejandra Monteoliva oficializó la creación de una mesa de coordinación para prevenir riesgos vinculados a la criminalidad organizada en proyectos estratégicos del RIGI.
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El Gobierno nacional creó una mesa de coordinación para la seguridad de los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos asociados al narcotráfico y al crimen organizado que puedan afectar obras estratégicas, sus áreas de influencia y la infraestructura crítica vinculada.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 461/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El texto advierte que las inversiones del RIGI -y las zonas que dinamizan desde el punto de vista socioeconómico- pueden convertirse en objetivos de interés para organizaciones criminales transnacionales o estructuras delictivas complejas.
Según la resolución, estos grupos podrían intentar captar rentas ilícitas, encubrir o reciclar flujos financieros ilegales, proveer bienes y servicios ilícitos o explotar vulnerabilidades en los sistemas de control, trazabilidad, logística y supervisión estatal. Esto genera riesgos vinculados al lavado de activos, la corrupción, la extorsión y la infiltración criminal en actividades económicas lícitas.
El documento subraya que el volumen y la distribución geográfica de las inversiones estratégicas hacen necesario un mecanismo específico de coordinación interinstitucional, orientado a resguardar la integridad de los proyectos y los intereses del Estado nacional y de las provincias adheridas.
La resolución también señala que los grandes desarrollos suelen generar dinámicas poblacionales, laborales y urbanas que pueden derivar en escenarios de vulnerabilidad social, por lo que se incorporarán estrategias de prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario.
La mesa de seguridad funcionará como una herramienta de acompañamiento para garantizar seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza sobre la continuidad de las inversiones, sin imponer cargas económicas ni burocráticas adicionales a las empresas.
Fuente: TN.com
