El Gobierno bloqueará la señal: adiós a los celulares en cárceles federales
A través de la Resolución 336/2026, el Gobierno autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar tecnología de detección y bloqueo de señales para impedir delitos coordinados desde los penales.
:format(webp):quality(40)/https://qznoticiascdn.eleco.com.ar/media/2026/04/celulares_carceles.jpg)
El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, oficializó este lunes la implementación de sistemas de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en las unidades penitenciarias federales de toda la Argentina. La medida busca neutralizar de forma definitiva la capacidad operativa de las organizaciones criminales que utilizan dispositivos móviles para planificar y coordinar actividades ilícitas desde su lugar de detención.
El IMEI es el identificador único de 15 dígitos del hardware del teléfono (como un DNI), mientras que el IMSI es el código único de la tarjeta SIM que identifica al abonado en la red móvil.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, faculta al Servicio Penitenciario Federal (SPF) -reconocido recientemente como Fuerza de Seguridad Federal- a poner en funcionamiento mecanismos tecnológicos adecuados para impedir las comunicaciones telefónicas prohibidas por ley. Según los considerandos de la resolución, resulta "imprescindible" adoptar estas estrategias para evitar maniobras intramuros que pongan en riesgo la seguridad pública.
Para la ejecución del plan, se instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a realizar los trámites para la adquisición y mantenimiento de la tecnología necesaria. El organismo deberá asegurar los ajustes técnicos pertinentes para que el bloqueo de señales no afecte a las áreas exteriores o zonas civiles aledañas a los establecimientos.
La medida, que entra en vigencia de forma inmediata, se complementa con la aprobación de un nuevo "Manual de Procedimiento" para la detección de terminales móviles, reforzando así el control estatal sobre los internos y el cumplimiento del régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad.
