El Gobierno amplió por decreto el presupuesto 2026: más fondos para universidades, ANSES y programas sociales
La medida busca garantizar recursos en un contexto de creciente demanda administrativa y sociolaboral.
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El Gobierno nacional formalizó la segunda modificación al Presupuesto General de la Administración Nacional 2026 mediante el DNU 594, que constituye la primera ampliación de fondos del año y apunta a reforzar partidas consideradas sensibles para el funcionamiento del Estado. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en la necesidad de garantizar recursos suficientes para sostener obligaciones operativas, compromisos financieros y políticas públicas en curso.
La readecuación presupuestaria incorpora incrementos para gastos de funcionamiento, programas de asistencia social, salarios del sector público y obligaciones vinculadas a la deuda. Entre las áreas alcanzadas figura también un refuerzo para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), incluida dentro del paquete de créditos ampliados.
Uno de los ejes centrales del decreto está orientado a la seguridad social. En ese marco, se dispuso un aumento de $409.342 millones para las transferencias que la ANSES destina a las cajas previsionales provinciales no transferidas, un componente que suele tensionar las cuentas públicas por la heterogeneidad de los regímenes locales. Además, se fortalecieron los recursos destinados al Monotributo Social, con el objetivo de asegurar la continuidad de la cobertura de salud y los aportes previsionales de los beneficiarios del régimen de inclusión productiva.
En el ámbito educativo, el DNU contempla una ampliación de fondos para las universidades nacionales en el marco de las paritarias sectoriales. El refuerzo permitirá atender los salarios del personal docente y no docente, cubrir gastos de funcionamiento y garantizar la continuidad de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país.
Con esta medida, el Ejecutivo avanza en una readecuación presupuestaria que busca sostener áreas críticas del Estado en un contexto de creciente presión sobre el sistema previsional, educativo y administrativo, mientras continúa la ejecución del Presupuesto 2026.

