EE.UU. investiga una presunta red de lavado vinculada a operaciones internacionales de la AFA
El Departamento de Justicia y el FBI investigan una presunta red de lavado y fraude bancario. La pesquisa apunta a movimientos financieros en Florida y busca el testimonio del ex dirigente Juan Pablo Beacon.
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI avanzan en una investigación preliminar para desarticular una presunta red de lavado de activos y fraude bancario vinculada a operaciones internacionales de la AFA, iniciada en 2025 y centrada en movimientos financieros realizados en Florida. En ese marco, los fiscales buscan localizar al ex dirigente Juan Pablo Beacon para reconstruir el circuito del dinero.
La pesquisa, de carácter reservado, apunta a determinar el flujo de decenas de millones de dólares que habrían sido canalizados hacia el sistema financiero estadounidense bajo la órbita dirigencial encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. Para los investigadores, el testimonio de Beacon -ex responsable del Consejo Federal y cercano a Pablo Toviggino- es considerado clave.
Según documentación bancaria y comercial, el eje de la investigación se centra en la firma TourProdEnter LLC, radicada en Florida y propiedad de Javier Faroni y Erica Gillette. La empresa actuó como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA con compañías como Adidas y Warner, bajo un esquema que le otorgaba el 30% de los ingresos y un 10% adicional por gastos logísticos.
Los registros indican que la sociedad administró cerca de 260 millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. De ese total, unos 57 millones de dólares habrían sido transferidos a cuentas particulares sin respaldo económico, lo que alimenta la hipótesis de maniobras irregulares.
De acuerdo con la línea investigativa, el esquema se habría instrumentado mediante facturación apócrifa por servicios logísticos inexistentes, con participación de firmas fantasma. Parte de los fondos transferidos a Estados Unidos habría regresado a la Argentina en efectivo, a través de operadores informales del mercado financiero, conocidos como “cueveros”.
Entre los destinos de las transferencias bajo sospecha aparecen las firmas SOMA SRL y Cabello SRL, vinculadas al entorno de Toviggino, además de personas de bajos recursos registradas como beneficiarias de planes sociales en Bariloche y Buenos Aires.
La causa está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes ya mantuvieron contactos con el empresario Guillermo Tofoni y analizan citar a ex funcionarios del gobierno nacional que hayan intervenido en auditorías sobre la AFA.
En paralelo, representantes de la entidad en América del Norte, junto a asesores legales, reclamaron públicamente que se respete el principio de presunción de inocencia ante el avance de las investigaciones en tribunales estadounidenses.

