Alerta energética: el Gobierno investiga a China por presunta competencia desleal en la importación de torres eólicas
La Secretaría de Industria, Comercio y PyME dispuso la apertura de una investigación oficial tras la denuncia de la principal firma local del sector, que acusa una inminente amenaza de daño a la producción nacional y la pérdida de empleo por la competencia desleal asiática.
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El Ministerio de Economía de la Nación formalizó el inicio de una investigación por presuntas prácticas de “dumping”, (competencia desleal en la que una empresa vende un producto en el extranjero a un precio inferior a su costo de producción o a su valor de mercado en el país de origen), en las operaciones de exportación de torres eólicas de acero provenientes de la República Popular China. La medida fue adoptada por la Secretaría de Coordinación de la Producción en ejercicio de las competencias de la Secretaría de Industria, tras una denuncia presentada por la firma local GRI Calviño Towers Argentina S.A..
La firma nacional denunció que las torres de acero cónicas de altura mínima de 50 metros originarias del país asiático ingresan al mercado argentino con precios que, una vez nacionalizados, resultan sustancialmente inferiores a los de producción local. Según el dictamen de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), se determinó preliminarmente un margen de dumping promedio ponderado del 46,39%, con niveles de subvaloración de precios de hasta el 35% en el último año.
El detonante para la apertura del expediente fue la detección de una inminente amenaza de daño a la rama de producción nacional debido al desfasaje temporal de licitaciones ya adjudicadas a proveedores chinos. El ingreso de estos equipos excedentes amenaza con paralizar plantas locales y deteriorar el nivel de empleo de una industria calificada como estratégica y crítica para la soberanía y la infraestructura de la generación eléctrica nacional, en el marco de la emergencia del sector energético.
De cara a los próximos meses, la CNCE recopilará datos del período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026 para profundizar en la situación del mercado. Las partes interesadas contarán con un plazo de 30 días para presentar sus respectivos descargos y pruebas, en un caso testigo que redefine la defensa de la industria pesada local frente al gigante asiático.

